Sinopsis
El juicio a los implicados en esta supuesta conspiración para eliminar físicamente al entonces-presidente Chávez y deponer al gobierno de entonces le fue asignado al Tribunal Militar Primero de Caracas, cuyo principal fiscal fue el General Eladio Aponte Aponte quien a los meses de culminar el citado juicio fue elevado como presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
LA DISIP
Las supuestas pesquisas fueron de responsabilidad directa de la DISIP, dirigida para el momento de los supuestos acontecimientos por el entonces-coronel Miguel Rodriguez Torres, quien más tarde pasó a dirigir el SEBÍN y luego fue nombrado ministro del Ministerio del Interior Justicia y Paz.
CONSECUENCIAS
La respuesta del régimen fue atacar implacablemente a la Familia Alonso. Su finca (valorada en varios millones de US dólares, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad capital de Caracas) fue total y absolutamente destruida en la modalidad de "Tierra Arrasada". En ella se estima que se llevó a cabo una masacre donde fueron pasados por las armas a más de dos docenas de seres humanos, sin contar con la matanza de todos los animales, muchos de los cuales eran productivos y les generaban altos ingresos a los Alonso.
Robert Alonso, su esposa Siomara y sus cuatro hijos fueron obligados a emigrar y buscar asilo político en Estados Unidos, desde donde el régimen intentó extraditarlo. La Finca Daktari fue expropiada a solicitud de las Milicias Bolivarianas de El Hatillo.
Los Alonso fueron forzados al exilio sufriendo cualquier cantidad de escenarios negativamente emocionales, sin poder regresar para ver morir a sus seres queridos y poder enterralos adecuadamente.
Sus dos hijos menores (para entonces de 12 y 10 años), sufrieron terribles pesadillas durante muchos años, imaginando cómo murieron sus hermanos de crianza, los empleados de la finca y sus queridos animales. Dejando atrás sus recuerdos, sus escuelas, amigos, familia y costumbres.
Del centenar de indiciados, solamente un reducido puñado fue sentenciado. Tres oficiales activos de la familia Farías fueron condenados a 9 años de prisión y dos oficiales a dos años. Al final del camino, más temprano que tarde, todos los supuestos invasores terroristas colombianos fueron devueltos a Colombia sin mayores consecuencias para ellos y unas docenas de individuos quienes nada tuvieron que ver con los supuestos eventos fueron masacrados o desaparecidos.
ELADIO APONTE APONTE
Resumiendo: en la mencionada entrevista el General Aponte aceptó que fue presionado por el entonces-presidente Chávez para que condujera (como principal fiscal militar del caso) y llevara a "feliz término" el juicio de la "Operación Daktari"; que sucumbió a la mencionada (y aceptada por él) presión de Chávez, a pesar de que estaba consciente y convencido (según aceptó en la entrevista) de que el caso de la "Operación Daktari": ¡era todo un VIL MONTAJE! ¡UNA FARSA!
Hoy - mayo de 2025 - ese general quien no tuvo escrúpulos para destruir familias y futuros, se encuentra libremente al amparo de Estados Unidos de América.
Nuestro presidente Trump está intentando limpiar al país de indeseables emigrantes, enviando a supuestos delincuentes venezolanos al Salvador. Estamos seguro de que quien ha debido encabezar a esos grupos de supuestos indeseables venezolanos debió haber sido este amoral y degenerado general.
MIGUEL RODRIGUEZ TORRES
Como "a todo cerdo le llega su Nochebuena", el turno le llegó al General Miguel Rodriguez Torres, tal como le llegó al otro general: Eladio Aponte Aponte.
El 13 de marzo Rodríguez Torres fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional después de una conferencia en el hotel President de Caracas por "atentar contra la patria" y por presuntamente "estar incurso en acciones contra la paz y la tranquilidad pública y en la conjura dirigida a atentar contra la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)". Fue trasladado a "La Tumba" del Sebin (cuya construcción él mismo gestionó), donde permaneció varios años antes de ser "rescatado" por José Luis Rodrigue Zapatero y admitido en España como perseguido político del tirano Maduro.
En la actualidad el General Miguel Rodriguez Torres, junto a la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, están siendo acusados por delitos de lesa humanidad. La querella - introducida por "Manos Limpias" y varias organizaciones de venezolanos en España - fue admitida por el Juzgado Central de Instrucción No. 6 a cargo del Juez Antonio Piña.
El Juzgado de Instrucción en España es una institución clave en el sistema judicial, responsable de la fase inicial del proceso penal, similar a los tribunales de instrucción de muchos países hispanoamericanos. Su función principal es investigar los delitos y asegurar que se cumplan todas las garantías procesales antes de que el caso pase a la fase de juicio.
JURISDICCIÓN INTERNACIONAL
Es de hacer notar que el principio del Derecho Internacional que permite a los países soberanos juzgar crímenes cometidos en otros países se basa en la JURISDICCIÓN INTERNACIONAL. Este principio establece que ciertos crímenes, considerados graves y de interés para la comunidad internacional (como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o tortura), pueden ser juzgados por cualquier Estado, independientemente de dónde se cometieron o de la nacionalidad de los perpetradores o víctimas. La jurisdicción universal se basa en tratados internacionales, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y en el derecho consuetudinario.
El jurista español Baltasar Garzón intentó juzgar al general chileno Augusto Pinochet en España basándose en el principio de jurisdicción universal.
En el caso de Pinochet, Garzón argumentó que los crímenes cometidos durante su dictadura en Chile (1973-1990), como torturas, desapariciones forzadas y asesinatos, eran delitos de lesa humanidad. En 1998, mientras Pinochet estaba en Londres por motivos médicos, Garzón emitió una orden internacional de detención a través de Interpol, solicitando su extradición a España para enfrentar cargos por esos crímenes, particularmente relacionados con víctimas españolas y de otros países.
La jurisdicción universal se sustentaba en el derecho internacional, incluyendo tratados como la Convención contra la Tortura de 1984, y en la legislación española, que permitía a los tribunales españoles investigar y juzgar este tipo de delitos. Aunque Pinochet no fue extraditado a España (fue liberado por razones de salud y regresó a Chile), el caso marcó un precedente importante en la aplicación de la Jurisdicción Universal.
OPERACIÓN DAKTARI
Hoy (mayo de 2025), el General Eladio Aponte Aponte se encuentra viviendo tranquilamente en Estados Unidos, tal vez bajo la figura del asilo político. Tanto el General Rodriguez Torres como la exfiscal - Luisa Ortega Díaz - se encuentran viviendo tranquila e impunemente en España.
PARA MAYOR INFORMACIÓN
Para mayor información sobre este tópico que hoy nos concierne, sugerimos que se remitan a la página titulada "Operación Daktari".
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